La Ley Organica n 1/2015 I criteri di imputazione della responsabilità

La riforma introdotta con la Ley Orgánica 1/2015 ha cercato di dare una soluzione alle suddette questioni attraverso la riscrittura dell’art 31 bis, elaborando nel comma 1 nuovi criteri di imputazione della responsabilità alla persona giuridica per il reato commesso dalla persona fisica autore del reato179.

179 _{Art. 31 bis. 1. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán}

penalmente responsables: a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma. b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso. 2. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica; 3.ª los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y 4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena. 3. En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión a que se refiere la condición 2.ª del apartado 2 podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos efectos, son personas jurídicas de pequeñas dimensiones aquéllas que, según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 4. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo. 5. Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos: 1.º Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. 2.º Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos. 3.º Dispondrán de modelos de gestión de los recursos

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Nel comma 2 il legislatore attribuisce ai modelli organizzativi adottati prima della commissione dell’illecito (modelos de organización y gestión que

incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturalez) rilevanza ai fini dell’esclusione della responsabilità dei

dirigenti, c.d. “personal directivo”. Il comma 5 completa i requisiti di idoneità ed efficacia dei modelli organizzativi delineati dal primo comma; il comma 3 definisce le imprese di piccole dimensioni (las personas jurídicas de pequeñas

dimensiones) segnalando che in quest’ultime funzioni di vigilanza possono

essere assunte direttamente dall’organo amministrativo; infine, il comma 4 fornisce un’ulteriore causa di esclusione della responsabilità nel caso in i reati siano commessi dai subordinati (los empleados).

2.1. La nozione di “los administradores”.

La Ley Organica n. 1 del 2015 ha introdotto un sistema doppio di imputazione, ovvero una disciplina differenziata a seconda che l’autore materiale del reato appartenga alla categoria dei soggetti apicali (los directivos) o a quella dei dipendenti (los empleados).

Alla prima categoria appartengono, secondo la formulazione novellata dell’art 31 bis c.p., i “representantes legales o por aquellos que actuando

individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”; prima della riforma

del 2015 tali soggetti erano indicati generalmente con l’espressione “representantes legales y administradores de hecho o de derecho”.

financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos. 4.º Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. 5.º Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo. 6.º Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesario.

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La nuova definizione, tecnica ed elaborata, del concetto di

administradores è stata censurata dal Consejo de Estado180 per il mancato richiamo del concetto di amministratore di fatto, “che garantiva la determinatezza del riferimento legislativo penale, essendo un’espressione più che chiara, consolidata nella legislazione criminale e commerciale”181.

La formula “en nombre o por cruenta” della persona giudica si riferisce agli atti di gestione che rappresentano il contenuto formale e materiale del mandato di rappresentanza dell’ente. Sono qui compresi anche gli atti compiuti dall’amministratore al di fuori dai poteri a lui attribuiti dalla legge , per evitare che l’abuso della rappresentanza possa creare una causa ingiustificata di impunità.

La riforma ha poi sostituito il concetto di profitto con quello del “beneficio directo o indirecto de la persona juridica”.

Anche il Consejo de Estado ha valutato positivamente la novità, considerando che il termine “en provecho” era ambiguo e pericoloso per la determinatezza della fattispecie, perché poneva il dubbio se il profitto dovesse essere di natura economica o fosse sufficiente un vantaggio di indole morale. L’espressione attuale di “beneficio directo o indirecto de la persona juridica” pone fine ad ogni incertezza, in favore di un’interpretazione più ampia, comprensiva di ogni beneficio sia economico sia strategico, intangibile o meramente morale.

180 _{Consejo de Estado, 27-06-2013, n. 358, sulla soppressione del concetto di “administrador de} hecho” afferma che “la segunda modificación que el Anteproyecto propone introducir en este primer supuesto consiste en reemplazar la referencia que actualmente se hace a los “administradores de hecho o de derecho”, por la de “aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma”

181 _{Stea G., La responsabilità degli enti nel codice penale spagnolo: analisi delle novità}

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2.2. La nozione di “los empleados” e la regola dell’esonero dell’ente da responsabilità: incoerenza sistematica.

Nel caso di reato commesso da un soggetto subordinato “a la autoridad

de los administradores” non esiste il nesso di immedesimazione organica che

vale a legare il reato commesso dai soggetti apicali (los administradores) alla persona giuridica, e non si può affermare che l’ente si impersoni nel dipendente che ha commesso il reato.

La riforma del 2015 ha ristretto le ipotesi di ascrizione della responsabilità agli enti per i reati commessi dai dipendenti (los empleados): mentre la formulazione previgente parlava di “delitos cometidos, en el ejercicio

de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”, il nuovo

art (31 bis, comma 1 lett. b.) afferma che l’ente risponde “de los delitos

cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de [los administradores], han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso”.

Quindi, in caso di reato commesso dal dipendente, il criterio di collegamento richiesto dal legislatore per l’ascrizione della responsabilità all’ente, è l’inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi di direzione o vigilanza sull’attività dei dipendenti.

L’art 31 bis comma 4 prospetta una causa di esclusione di responsabilità per l’ente che prima della commissione del reato abbia adottato un modello organizzativo efficiente e idoneo alla prevenzione dei reati, per cui testualmente: “si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra

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antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.

Si pone un problema di incoerenza sistematica: da un lato, si afferma la responsabilità dell’ente per la negligenza grave degli administratores nell’adempiere ai doveri di vigilanza e controllo sull’attività degli empleados, dall’altra, l’ente va esente da ogni responsabilità se ha preventivamente adottato un modello efficace di organizzazione e controllo. Si è obiettato che, alla luce del comma 1, in presenza di una grave inosservanza dei doveri di vigilanza, la verifica dell’idoneità di un sistema di prevenzione dei reati, non sarebbe sufficiente a esonerare l’ente dalla responsabilità penale.

2.3. I programas de prevenciòn.

L’adozione di un modello di organizzazione e gestione dotato di efficacia preventiva (programa de compliance penal) assume, nel quadro dell’imputazione della responsabilità penale all’ente, un ruolo decisivo: prima della commissione dell’illecito, essa ha efficacia esimente, dopo la commissione dell’illecito e prima dell’inizio del processo rappresenta, secondo quanto dispone l’art. 31-quater e in combinazione con altri fattori, essa integra un’attenuante182.

182 _{Artículo 31 quater. 1. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la}

responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: a) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

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L’esenzione dalla responsabilità penale dell’ente vale sia nel caso in cui il fatto di reato sia stato commesso da un administrador, sia in quello in cui sia stato realizzato da un empleado.

I requisiti di idoneità dei “modelos de organización y gestión”, volti all’individuazione e alla prevenzione dei reati interni alla societas, sono individuati nel quinto comma dell’art 3.1 bis.

Oltre che contenere un’analisi accurata della realtà aziendale, il modello di organizzazione e controllo dovrà individuare le aree potenzialmente interessate da casistiche di reato e elaborare specifici protocolli interni, per la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nei processi sensibili.

I modelli organizzativi si occuperanno anche della gestione delle risorse finanziarie e imporranno obblighi di informazione all’organismo responsabile del monitoraggio del funzionamento e del rispetto del modello.

Per garantire l’effettività dello stesso dovrà essere approntato un sistema disciplinare che sanzioni le violazioni, una verifica periodica e un aggiornamento del modello qualora le violazioni e il mutamento dell’attività svolta lo rendano necessario183.

L’idoneità del modello di organizzazione e gestione assume un ruolo diverso a seconda che gli illeciti siano commessi dai soggetti apicali o sottoposti. Mentre per i reati commessi da “empleados” l’adozione di un idoneo “modelo de organización y gestión” è sufficiente ad escludere la responsabilità penale dell’ente (art 31 bis comma 4), nell’ipotesi di reati commessi da “administradores”, è necessario anche che l’autore materiale del reato non abbia fraudolentemente aggirato il “modelo de organización y prevención”, e che non si sia verificata una cattiva vigilanza da parte dell’organo di controllo.

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3. La natura della responsabilità dell’ente nell’ordinamento spagnolo

Alla luce della nuova legge del 2015, la dottrina iberica non è uniforme circa la natura indiretta o autonoma della responsabilità penale degli enti. Secondo una prima interpretazione, si è adottato un meccanismo di imputazione simile a quello scaturito dall’ordinamento francese: seguendo questa teoria, il reato commesso dai “rapresentantes legales en nombre o por

cuenta de las persona juridica” si riflette sulla stessa, così come il reato

commesso dagli organi o rappresentanti in Francia si riflette sull’ente collettivo, secondo il paradigma della responsabilità par ricochet.

Altri autori invece hanno rilevato, nell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica, un fattore idoneo a prospettare un modello di responsabilità autonoma dell’ente.

Affinché la condotta della persona fisica concretamente agente sia imputata all’ente, è richiesto anche dal legislatore spagnolo un fattore di connessione. A determinate condizioni, quindi, la persona giuridica risponde penalmente delle azioni commesse dalla persona fisica, sia questa apicale o dipendente, senza che sia necessario individuare precisamente di chi si tratta, essendo sufficiente constatarne le mera esistenza.

Anche l’ipotesi in cui la persona fisica non sia più responsabile, non comporta l’esclusione automatica della responsabilità dell’ente.

Ciò conferma, secondo parte della dottrina, che la colpevolezza della persona fisica non è equivalente e sovrapponibile a quella della persona giuridica; per questo motivo non è nemmeno trasmissibile: si tratterebbe di due responsabilità distinte, anche se legate dal fatto di connessione.

La natura della responsabilità, pertanto, va collocata anche in Spagna nel quadro della colpevolezza di organizzazione in cui assume rilevanza centrale l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire e neutralizzare il rischio del verificarsi di reati, per cui “l’oggetto del rimprovero che si muove alla

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persona giuridica sta nel fatto di non aver adottato e implementato modelli di organizzazione idonei a prevenire efficacemente la commissione di certi reati”.184

Il Tribunal Supremo spagnolo, con la sentenza n. 154/2016185, ha già considerato qualitativamente diversa e irrilevante la colpevolezza della persone fisica che all’interno di una persona giuridica commetta un reato, dovendosi considerare ai fini dell’ascrizione della responsabilità all’ente una colpevolezza propria della propria persona giuridica, derivante dall’assenza delle misure e delle procedure idonee a prevenire e a controllare manifestazioni criminose.

Affinché il criterio possa dirsi cristallizzato, tuttavia, saranno indispensabili a livello giurisprudenziale altre prese di posizione.